CASIMIRO CASTILLO, JALISCO (DIARIO 16).- La detención de
nueve trabajadores y la suspensión de la construcción de un puente en la zona
limítrofe de Jalisco y Colima, puso a las comunidades de Paticajo y Plan de
Méndez al borde de la violencia y revivió viejas rencillas de los habitantes de
Jalisco, quienes acusan a Colima de utilizar la fuerza pública para «acosarnos
y detenernos en territorio jalisciense.»
Fue necesaria la presencia de los alcaldes de Minatitlán y
Cuautitlán, Héctor Bautista Vázquez y Gerardo Palacios Campos, respectivamente,
para analizar a fondo el problema y encontrar la mejor de las soluciones al
problema de comunicación que afecta a ambas comunidades.
«El problema es como resolveremos el asunto de la
comunicación entre ambas comunidades, explicó el alcalde de Minatitlán, aquí,
lo importante es pensar en la gente, y ver de que manera vamos a construir el
puente,» dijo.
Por su parte, el alcalde de Cuautitlán destacó que su municipio,
con recursos del Fonden contaba con un presupuesto de 5.5 millones de pesos
para construir un puente, de estructura metálica «en lugar de reparar el puente
colgante que se derribó, y que fuera dañado por las turbulentas aguas del río
Minatitlán a consecuencia de las torrenciales lluvias que provocó en la zona de
la sierra el Huracán Lane el año pasado.»
«La estructura del puente colgante se derribó, porque en los
mismos pilares, se ubicarían las bases del puente de carga liviana, que ahora,
facilitará el paso de vehículos y del cual se tiene construido un 60 por
ciento, según nos informa la empresa constructora,» señaló Gerardo Palacios
Campos, alcalde de Cuautitlán.
Las autoridades de Colima, que en este caso fueron
representadas por El Secretario General de Gobierno, el Procurador de Justicia,
el Secretario de Desarrollo Urbano, y el Ayuntamiento en pleno de Minatitlán
exigían el pago de daños por el derribo del puente y acusaban a Cuautitlán de
que no podría ser cierto el que tuvieran recursos del Fonden para construir el
puente, «si las reglas del operación de este programa solo permiten rehabilitar
estructuras dañadas.
«Me extraña, explicó el alcalde de Cuautitlán, Gerardo
Palacios Campos, que señalen que no permiten las reglas de operación del FONDEN
construir obras nuevas, y tan es posible, que en este caso el gobierno federal
duplicó recursos para esta misma obra, al canalizar recursos por dos entidades
para el puente en cuestión.»
Al final de cuentas, y luego de establecer, que ninguna de
las dos entidades podría acreditar la propiedad de la obra, y además por ser
una zona territorial en litigio, donde
será el Senado quien defina a que estado corresponden estas comunidades,
los alcaldes de Minatitlán y Cuautitlán acordaron reunirse con los responsables
técnicos de la obra para conocer la inversión y las cuestiones técnicas del
puente que Cuautitlán construirá, con el único fin «de beneficiar a la gente de
ambas comunidades y que tanto Plan de Méndez, como Paticajo, cuenten con un
puente que les permita comunicarse, sin tener que cruzar a las aguas del río
Minatitlán.
Además, el propio procurador de Justicia de Colima se
comprometió a evitar que policías judiciales de Colima acosen a los habitantes
de Plan de Méndez «es necesario mantener vigilancia policíaca en esta zona,
para evitar que delincuentes de ambas entidades burlen a la justicia a causa
del vacío que pudiera generarse si se deja de patrullar la zona limítrofe.»
Hubo momentos en los cuales, el Gobierno de Colima, en voz
de su procurador intentó politizar el conflicto, por la construcción del
puente, exigiendo el pago de daños, a pesar de no poder acreditar la propiedad
de la obra y de no tener la certeza jurídica, en este momento, de que el
terreno, donde se ubica el puente (zona federal, por cierto) perteneciera a
Colima, hasta antes de que el Senado no defina a que estado pertenece.
Incluso, por momento, y buscando hacer mayor presión en
contra del alcalde de Cuautitlán, que es necesario decirlo, llegó solo, sin
ningún representante del Gobierno del Estado, dejando un mensaje del poco
interés de Emilio González Márquez, o de Fernando Guzmán Pérez Peláez,
Secretario General de Gobierno, quien optó por viajar a Roma, Italia, para
entrevistarse con autoridades católicas para darle seguimiento a las
investigaciones del crimen del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; ahí, ante
todos, el Procurador de Colima, en un alarde de poder señaló que «por nosotros
el dinero no es problema, en este momento podríamos disponer, incluso de seis
millones de pesos, para construir este puente, pero antes, Cuautitlán debe
pagarnos los daños causados.»
Al final de cuentas, y con el acuerdo de una reunión, entre
ambos municipios, los alcaldes Gerardo Palacios Campos y Héctor Bautista
Vázquez sellaron su compromiso de encontrar la mejor de las soluciones a este
problema, y dejar el asunto de límites en manos del Senado de la República, con
un saludo y abrazo, mandando un mensaje que más allá de los colores políticos,
de las diferencias ideológicas, puede llegarse a acuerdos que beneficien el
desarrollo de la gente.