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  Ciudad Guzmán, Jalisco, México,
El Anarkista
El estado mexicano expuesto por el conflicto en Sudamérica.
Lic. Rodrigo Sánchez Sosa
buzon@periodicoelsur.com


Viernes 14 de Marzo del 2008
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Por: Rodrigo Sánchez Sosa.

La obligación del estado mexicano, en el paradigma del estado de derecho, es proteger a los ciudadanos que lo forman. La constitución se lo ordena imperativamente y el no hacerlo es considerado una traición a la patria según la constitución de este país.

Sin embargo, el gobierno federal, al frente del cual está un dudoso triunfador de los últimos comicios electorales en México Felipe Calderón Hinojosa, emanado de un partido de derecha, y impuesto por los poderes fácticos de este país en contra de 15 millones de votantes mexicanos, se ha dedicado ha proteger intereses de grupos elitistas nacionales y de consorcios multinacionales, incluso intereses de otros estados.

Los poderes otorgados por las instituciones nacionales para tal misión, proteger los interese de todos los mexicanos, son usados impunemente en contra de la mayoría en este país. Así lo dejó en claro el reciente conflicto en el que se vieron involucrados países del sur del continente, Venezuela, Ecuador y Colombia, luego que este último país, asesorado por Estados Unidos e Israel y obedeciendo a una estrategia geopolítica del imperio gringo, bombardeara el territorio ecuatoriano en una violación del derecho internacional.

Todos sabemos que el imperio está usando a Colombia como poderoso desestabilizador de la pretendida unidad Sudamericana, su tendencia a la izquierda y anti imperialismo surgido a últimas fechas. México para el caso juega el papel de lacayo del imperio, al menos en lo que se refiere a su gobierno central.

El citado conflicto, puso al gobierno mexicano al descubierto, pues el bombardeo criminal, calificado por muchos como masacre, no previó la presencia de mexicanos en el campamento de las FARC. Se calcula que aproximadamente 10 mexicanos murieron en el ataque ilegal colombiano.

Lejos, el estado mexicano, de atender su tarea constitucional de protección a sus ciudadanos, los incriminó  al considerarlos sospechosos. En boca del propio Calderón durante la sesión extraordinaria de la OEA, que preside México, para revisar el caso; el presidente mexicano advirtió que se investigaría la razón por la que las personas de origen mexicano que perdieron la vida se encontraban en el campamento de las FARC durante el bombardeo, en un claro reflejo de la política represiva de su gobierno y en una flagrante violación a la constitución, pues con ello se considera a los ciudadanos mexicanos muertos como culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿culpables de qué? , de ser guerrilleros, repetían los medios afines al gobierno panista.

Las investigaciones, no del estado mexicano, sino de la propia OEA y el gobierno de Ecuador, ratificaron la estancia legal en Ecuador de los mexicanos, estudiantes e investigadores de la UNAM, que realizaban estudios de los conflictos sociales en esa parte del continente.

Lo peligroso de hacerlo desde Colombia, en este caso se estudiaba a las FARC, es que este país está dividido en dos zonas una controlada por la guerrilla y otra por paramilitares y el gobierno, sin mencionar el narco.

Lo mejor y más seguro para el caso es hacerlo desde la frontera norte de Ecuador, que el propio presidente ecuatoriano Correa a reconoció, es frontera con las FARC, no con Colombia.

A pesar de que hasta ahora no se a podido demostrar que los mexicanos muertos estuvieran vinculados a las acciones del grupo armado Colombiano, ni que en Ecuador realizarán actividades fuera de la ley, Felipe Calderón frente al mundo incriminó, en su paranoia quizás, a los mexicanos muertos, en vez de exigir cuentas a Colombia, cosa que actualmente organismo internacionales de defensa de los derechos humanos están haciendo ante lo evidente del crimen de estado y terrorismo del presidente colombiano Álvaro Uribe.

Ni relaciones exteriores ni presidencia de la republica quisieron en ningún momento asumir su obligación constitucional para con los mexicanos muertos. ¿Qué garantías tenemos los mexicanos de ser defendidos por nuestro gobierno ante un ataque del que seamos victimas en el país o en el extranjero?; de ahí que las políticas de seguridad pública actuales no buscan protegernos sino un acomodo del poder entre gobierno y crimen organizado (que es lo mismo). 

Esto es una llamada de atención más al pueblo de México: el gobierno federal no es digno de la confianza de los mexicanos, y estamos en todo nuestro derecho de dudar de todas sus políticas, ante tanta y tan abrumadora evidencia no se le puede acusar de menos que traición a la patria. Ojalá los fusiles recuerde para donde apuntar cuando de defender la patria se trate, o más bien de lo que de ella quede después de la depredación de la que estamos siendo objeto como país.

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